No hace falta remontarse a los tiempos en que las fuerzas de seguridad franquistas ni siquiera necesitaban la orden explícita de "tirar a matar", vigente ahora en el Reino Unido, para "ejecutar" sobre el terreno a cualquiera del que sospechasen que pudiera ser miembro de ETA, o que se saltase un control, sin comprobar antes la identidad del blanco.
Los ciudadanos con memoria no pueden dejar de recordar el famoso "caso Almería", donde miembros del mismo cuerpo encabezados por un teniente coronel aniquilaron a cuatro jóvenes "con acento del norte" que iban a una boda, pero llevaban en el coche ingredientes para un marmitako. Se convirtió la historia en película, pero es dudoso que ahora la reponga ninguna televisión pública española, como hacen con otras en vísperas de elecciones.
De los cadáveres de aquellas víctimas se intentaron borrar huellas quemándolos dentro de su propio coche. Según otra sentencia firme, a Lasa y a Zabala, bajo las órdenes del ex general Rodríguez Galindo que ya se mueve libremente por el país, no solamente les secuestraron en el extranjero, les torturaron hasta la muerte y les ejecutaron sin ninguna oportunidad de juicio, sino que además quemaron sus restos, en este caso con cal viva en una fosa escondida y alejada de su país.
Poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, una entre las diversas "garzonadas", llevó un puñado de jóvenes de ideología catalanista a las comisarías y a las cárceles, bastantes de los cuales denunciaron torturas, y el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha acabado condenando a España por pasividad, por desinterés en investigar los hechos y depurar las responsabilidades oportunas. Entre ellos había algún que otro miembro de medios de comunicación, como también son los perseguidos de "Egunkaria", que igualmente han denunciado torturas con toda verosimilitud, pero sin resultado palpable hasta el momento.
El informe de Amnistía Internacional, una de las organizaciones humanitarias más solventes, insiste año tras año en denunciar la lacra de la tortura sistemática en dependencias policíacas españolas y en pedir la instalación de cámaras de filmación, o presencia de abogados y médicos en los interrogatorios, además de una reducción del período excesivo de la detención preventiva con pretextos antiterroristas, que facilita el enmascaramiento de los efectos de los malos tratos. En el cuartel de Roquetas había cámaras, pero un guardia veterano hizo trasladar a la supuesta víctima detrás de un vehículo, para continuar fuera de la visión y grabación del aparato la -todavía hay que decir supuesta- paliza mortal. Según los primeros informes que han trascendido, incluyó dos minutos continuos de furibundos golpes de un teniente, a dos manos y a porra por mano, una de ellas eléctrica, de uso prohibido por el propio marco legal estatal.
Cierto que ahora corren por todo el mundo malos vientos para la defensa y los defensores de los derechos humanos frente a los excesos de los guardianes oficiales de la seguridad pública. Pero el caso español viene de mucho antes, es generalizado también a inmigrantes y a sospechosos de la delincuencia común y no aparece por ningún lado una intención clara de evitarlos, ni de reprimirlos.
Las penas previstas en el código penal, si alguien se toma la molestia de mirarlas, comprobará que apenas pasan de simbólicas. Las denuncias se archivan sistemáticamente, o casi y, si no, los procesos se alargan durante años y años, hasta aburrir muchas veces a las propias víctimas y a sus defensores. Prevalece el perverso argumento de los guardias de Roquetas, que se trata de una aplicación proporcionada de la fuerza para reducir un detenido delincuente y agresivo. Como si el primer deber de los cuerpos de seguridad no fuera garantizar la integridad de las personas -sin excepción- bajo su custodia, por encima de su propia seguridad.
No sería justo cargar el peso del "caso Roquetas" al conjunto de un cuerpo llamado paradójicamente Guardia Civil, que es militar, endogámica -nutrida en buen número por familiares de los que ya han pertenecido a él- y con miembros privados de derechos tan elementales como el de sindicación o el de libertad de expresión. Pero tampoco se puede obviar que parece a muchos una institución obsoleta en parámetros democráticos y actuales, por lo menos desde hace cuarenta años. Ni que lejos de promover su disolución en el seno de policías realmente civiles -aunque algún gobernante de izquierdas llegase a insinuarlo- o, cuanto menos, de adecuar sus normas y formas a las exigencias de un Estado occidental de derecho, se hizo tradición para cada nuevo ministro del Interior socialista de Felipe González proclamar que la "benemérita" había sido para él todo un descubrimiento, en sentido positivo, y deshaciéndose en elogios.
Por si algo faltaba, a unos cuantos nos queda otro juicio de intenciones en forma de pregunta, que no por ilegítimo en términos generales surge en este caso de forma automática e inevitable: Juan Martínez, la víctima, era un andaluz agricultor y dueño de un bar en la localidad almeriense, aunque llevase como segundo apellido Galdeano. ¿Habría tenido el mismo eco mediático y habría sido tan extendida la reacción de rechazo un hecho idéntico ocurrido en el cuartel de Intxaurrondo, o en uno de los que quedan en l’Alt Camp de Tarragona y si el difunto se apellidase Agirregabiria Urtizberea o Puig i Castells, o Rashid? O más bien ¿les habrían atribuido respectiva y automáticamente obscuras afinidades con ETA, con algún fantasmagórico y pasado proyecto de violencia independentista catalana, o con una célula de Al Qaeda y habrían salido -todos esos medios en que el lector está pensando- en defensa de los presuntos homicidas o asesinos?
