Al albur del inexistente debate que se da en España sobre los temas constitucionales de fondo, hay algunas mitificaciones conceptuales que no parecen casar del todo con la realidad de los hechos. Sobresalen entre ellas los artículos de opinión sobre el tema vasco publicados en "El País" casi exclusivamente por miembros de ¡Basta Ya!, el Foro Ermua u organizaciones similares que representan una minoría radical en nada representativa del sentir mayoritario de la sociedad vasca. Hay que mencionar por otro lado que el citado diario, que sería lo más serio de la prensa madrileña, no suele admitir habitualmente escritos de réplica en sentido contrario a los citados, al menos ése ha sido el caso de éste.
Hasta ahora se limitaban a ofrecer una versión distorsionada de la realidad vasca arremetiendo con dureza contra sus instituciones representativas y democráticamente elegidas como el Parlamento vasco, el gobierno o su lehendakari. Basta recordar la feroz campaña desatada con motivo de las elecciones de 2001 -obteniendo el resultado contrario al apetecido- y la no menos feroz contra la Propuesta de Reforma del Estatuto Vasco que, recordémoslo, es una propuesta de reforma estatutaria aprobada por la mayoría del Parlamento vasco. Estos ataques se extienden periódicamente a otras organizaciones como la universidad, el sistema público de enseñanza, la Iglesia o la supuesta connivencia con el terrorismo.
Sin embargo, en este momento de esperanza para muchos, y en un salto cualitativo muy importante se está dando cuerpo a una nueva falacia, y es la de presentar a la sociedad vasca como una sociedad enferma. El objetivo que se quiere alcanzar es doble: primero justificar la nula aceptación de las posiciones defendidas por esos columnistas -no opinan como nosotros porque están enfermos- o lo que todavía es mas serio, para tratar de impedir que se cumpla la voluntad mayoritaria de esa sociedad con el pretexto de que no estaría capacitada para decidir (P. J. Ramírez ya habla de que la sociedad vasca necesita 20 años para regenerarse democráticamente).
Es en este contexto donde adquieren especial gravedad sendos malintencionados reportajes de "investigación" aparecidos los días 8 y 9 de mayo en el citado periódico firmados por José Luis Barbería, donde sólo los titulares resultan ilustrativos: "La enfermedad de la patria" y "La religión nacionalista". Éstas son las perlas con las que se obsequia a la sociedad vasca por parte de los ya habituales "colaboradores" locales (Arregui, Gutiérrez, Tamayo, Llera, Echeburua, Izpizua, el ertzaina Santos, etc) para arremeter de manera vergonzante contra ella. Por si el eco alcanzado fuese escaso, un refundido de ambos artículos se publica en inglés en la separata que incluye "El País" en el semanal del "The New York Times". Por supuesto, en estos artículos donde se rebasan todos los límites de lo que puede ser la discrepancia política y se entra en el insulto, se obvia la situación real de una sociedad desarrollada, integrada y solidaria.
Pero, además de esta nueva e interesada tergiversación y de las ya habituales, una de las mayores paradojas que observamos suele ser la pretensión general de equiparar sistemáticamente a determinados partidos estatales con el término constitucionalistas, cuando la esencia y las garantías de la Constitución española no parecen formar parte fundamental de sus respectivas agendas. Del mismo modo, se pretende equiparar a la sociedad vasca con un nacionalismo étnico y excluyente que, no es en realidad sino el que representa la propia España en sus manifestaciones más centralistas.
Pero además una Constitución (y también la española) no es simplemente la unidad del Estado, su indisolubilidad o su soberanía. Lo único verdaderamente esencial de una Constitución son los principios de toda democracia y los Derechos Fundamentales. Éstos son, desde luego inmutables, para los países de nuestro contexto, que están obligados por el Derecho Europeo e Internacional y sometidos a ambos.
Sin embargo bastan dos ejemplos muy actuales para probar con la Constitución y las leyes vigentes en la mano que la separación de poderes en España se encuentra muy deteriorada, con violación notoria de algunos derechos fundamentales.
a) Ilegalización de HB y varios cientos de listas electorales: en España sólo puede ilegalizarse un partido político mediante sentencia judicial penal. Véase en la Constitución (Título sobre Derechos Fundamentales, arts. 6, 22 y 55), la libertad de asociación política y las causas de restricción de los Derechos Fundamentales. Esa sentencia, como todos sabemos, no se ha producido: HB se ha ilegalizado mediante Sentencia no penal "ad hoc", sala "ad hoc" y ley administrativa "ad hoc". Ya sabemos que el Tribunal Constitucional lo ha aceptado, pero es que Jiménez de Parga (ex presidente del TC) ya aclaró antes de dictar sentencia que esperaba una buena "ilegalización"; y lo hizo .
b) Cierre de los periódicos "Egin" y "Egunkaria": idéntica situación, pues se trata de una restricción en el derecho de libertad de expresión, dentro del cual esta la libertad de información así como el derecho de los lectores de un medio, sólo cabe en España mediante sentencia judicial penal, o declaración de Estado de excepción, alarma o sitio (arts. 20 y 55 de la Constitución). Ninguna de esas figuras se ha producido. Basta analizar los mismos preceptos de la Constitución y el Código Penal.
En este contexto es especialmente grave que se subsista en manipular la realidad vasca hasta límites insospechados. Seguramente porque la secular visión del Estado unitario provoca, aparentemente, una interpretación distorsionada de lo que es nuestra sociedad y de sus demandas democráticas. Lo verdaderamente inmutable no es la organización jurídico-política de un Estado sino los derechos fundamentales en el contexto europeo en que vivimos.
La solución a estas cuestiones se encuentra, en alguna medida, dentro de la propia lógica de la democracia y el derecho de decisión de la ciudadanía vasca. Lo demás es perfectamente modificable y objeto de negociación en cualquier contexto democrático. Ésa es desde luego nuestra postura. Por dignidad democrática y respeto a la historia, a la identidad y a la voluntad de un pueblo que desea decidir su futuro en libertad y convivir con el resto de Europa bajo parámetros de derechos fundamentales, justicia social y mutuo respeto individual y colectivo.
