Hace dos sábados se celebraba en Barcelona una nueva manifestación convocada por la Plataforma Dret a Decidir reivindicando el “derecho a decidir para un modelo nacional viario para Cataluña”. Cientos de miles de ciudadanos, de la mano de 155 entidades sociales, participaron de la llamada. La prensa se ha apresurado a explicar que “no todos acudieron bajo el mismo reclamo”, “predominaban proclamas independentistas confundiendo el propósito de los convocantes” o “un acto electoral cuya finalidad se extinguirá a partir de marzo tras las elecciones generales”.
Pues bien, con independencia del modelo diferencial que este Derecho a decidir ajustable al día a día y a asuntos concretos “en caso de no darse las condiciones necesarias para el completo desarrollo del Estatut” que parece alumbrar la base de un nuevo catalanismo, supone respecto del llamado modelo vasco, personalizado en la propuesta parlamentaria del lehendakari, parecería relevante analizar y aproximar algunas lecciones derivadas.
Si bien existe el discurso generalizado según el cual “los ciudadanos no tienen interés en la política y sus problemas y preocupaciones se alejan de la agenda de los políticos”, a la vez que se pretende presentar como antagónicas las propuestas en torno a un determinado grado de autogobierno o un mayor o menor conformismo en un marco competencial o de relación institucional respecto de la decisión, diseño, implantación y gestión de una infraestructura, un servicio concreto, o una política determinada enmateria de transporte, salud, educación, vivienda, empleo, etc., este movimiento observado en Cataluña ha puesto de manifiesto la realidad de una clara convergencia-coincidencia entre ambos planos.
El que, por ejemplo, un aeropuerto, su tamaño, construcción y gestión dependan de una determinada administración y las decisiones consecuentes se tomen por los actores cercanos o distantes, con un próximo o alejado nivel de prioridad, tienemucho que ver con el resultado final. Que sus gestores estén sometidos al control de un Parlamento próximo o de nadie (o en el mejor de los casos por alguien que pide explicaciones a un nivel claramente alejado de la responsabilidad directa del asunto en cuestión), tiene demasiado que ver con la garantía de su buen o mal funcionamiento.
Y esto es, también, capacidad política de decisión. El modelo catalán difiere del modelo vasco en su origen, propósito y orquestación. Pero ambos modelos responden a un principio no sólo democrático, sino impecable para la manifestación de la libre voluntad de los ciudadanos, garante de sus derechos y facilitador de la capacidad de control de las responsabilidades que se desea asumir. Así, sea motivado por un malestar, sensación de desatención, falta de confortabilidad en un marco determinado, o por el simple principio irrenunciable y democrático de quererlo, el derecho a decidir ha cobrado carta de naturaleza, y ha llegado para quedarse.Requerirá un proceso de implantación y ejercicio pleno, pero tarde o temprano (para el bien de todos más vale que sea pronto que tarde) alumbrará nuevos marcos y modelos de convivencia, de organización político-administrativa, de organización de los agentes políticos, económicos, institucionales y sociales.
Nuevos tiempos, nuevos aires y tendencias parecen propiciar, desde modelos de gobierno o modelos de desarrollo económico, territorial y de innovación o de los retos y previsibles soluciones en materia de bienestar y demandas sociales, nuevos marcos y modelos de relación. El derecho a decidir trasciende de una mera fórmula, retórica para algunos, innecesaria para otros, o atemporal para quienes prefieren evitar la evidencia para constituirse, más allá de un derecho, en una regla insustituible para la necesaria gobernanza democrática, participativa y eficaz que la realidad exige.
Ayer, infraestructuras en Cataluña, ¿y mañana…?
