Los grupos Republicano, EH Bildu, EAJ-PNV, BNG, Comunes, Compromís, Més per Mallorca y Comunes han presentado la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, una reforma ambiciosa que busca corregir el desequilibrio histórico que ha situado el castellano en una situación de privilegio en el funcionamiento real de las instituciones del Estado.
Los grupos firmantes recuerdan que, pese al reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística, el mandato protector del artículo 3.3 continúa sin desplegarse de forma efectiva y que persisten normas y prácticas que penalizan la doble oficialidad.
La propuesta legislativa sitúa como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del poder judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, con plena validez jurídica. Para ello, introduce obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.
La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha criticado durante la presentación de esta iniciativa que a pesar de que el estado español firmó la carta europea de lenguas minoritarias queda trabajo por hacer: “No se están asegurando ni garantizando que quienes tenemos más de una lengua podamos usar ambas en los servicios de la Administración del Estado. Queremos que todas las lenguas de todos los pueblos se respeten y estén garantizados”.
Ejes de la reforma
Entre los ejes de la reforma destacan medidas para la Administración de Justicia —como el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano o la validez plena de documentos judiciales sin traducción—, así como la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales. La iniciativa también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano.
En el ámbito educativo, la ley establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma será normalmente vehicular, con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al finalizar la educación básica. Según los grupos promotores, esta medida refuerza la igualdad de oportunidades y certifica una competencia lingüística equilibrada en todo el territorio.
Finalmente, los grupos Republicano, EH Bildu, EAJ-PNV, BNG, Comunes, Compromís y Més per Mallorca subrayan que la propuesta supone un salto cualitativo en la protección del patrimonio lingüístico y en la garantía de derechos, pasando de un reconocimiento meramente declarativo a un plurilingüismo efectivo, operativo y plenamente respetuoso con la realidad lingüística del Estado.
