“Desde distintos sectores políticos y culturales hemos denunciado que no haya una norma clara que garantice que las personas puedan relacionarse con la Administración General del Estado y sus instituciones, incluido el poder judicial, en la lengua oficial de su elección con plena validez y eficacia jurídica. Por eso traemos esta proposición de ley. Porque queremos dar la vuelta a esa situación, porque el Estado debe revertir esta situación. Sobre todo, si realmente se reconoce a sí mismo como un Estado plurilingüe”. Así ha defendido el diputado del Grupo Vasco, Joseba Agirretxea, la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía que han impulsado los grupos parlamentarios Republicano, EH Bildu, EAJ-PNV, BNG, Comunes, Compromís, Més per Mallorca y Comunes y que ha sido aprobada en el pleno con el respaldo de PSOE y Junts.
El objetivo de esta iniciativa es de corregir el desequilibrio histórico que ha situado el castellano en una situación de privilegio en el funcionamiento real de las instituciones del Estado. “Esta proposición de ley no va en contra de nadie”, ha dicho Agirretxea, que ha utilizado durante su intervención el euskera, el catalán, el gallego y el castellano. “No hay damnificados, solo beneficiarios”, ha añadido después de criticar a quienes no respetan a las personas que defienden el uso de su lengua en todos los ámbitos de la administración: “En primer lugar, se beneficia la sociedad porque una sociedad que convive con otras lenguas es abierta y plural. Y por supuesto, los profesionales que cumplen con los requisitos y enriquecen su profesión”.
La propuesta legislativa sitúa como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del poder judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, con plena validez jurídica. Para ello, introduce obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.
“Esto va de derechos, de libertad y de respeto. Es una reclamación lingüística, sociológica y cultura, el rechazo, en cambio, es político. No respetar los derechos lingüísticos es discriminación. Lo normal, lo progresista, lo que mira al futuro y es de justicia es apoyar esta propuesta. Rechazarla es no tener visión, es retrógrado, negativo. represivo e injusto”, ha justificado Agirretxea la defensa de esta proposición.
