Hace unos años asistía en Santander a una reunión de la Federación Europea de Periodistas. En aquellos días, los trabajadores del diario "Alerta" se encontraban en huelga y pidieron nuestro apoyo. Nos trasladamos a la sede del diario, encabezados por la presidenta de la FEP, Mia Doormaert, para solidarizarnos con nuestros colegas. Cuando estábamos formando una comisión, el representante de los periodistas de UGT, Alfonso Díez, bramó: «¡La huelga es mía!». Se hizo el acto solidario encabezado por Alfonso, pero, de regreso en Euskadi, descubrimos que el editor del diario cántabro había contratado la impresión del periódico, precisamente en DEIA. Intervino el comité de empresa, de ELA-STV, e impidió que se rompiese la huelga. De esta forma, se quebró el sentido patrimonial de los colegas ugetistas.
Cuando por fin trascendió el anuncio de "alto el fuego permanente", los socialistas enseguida advirtieron al lehendakari de que se abstuviese de intervenir. El alto el fuego permanente, como la huelga de Santander, es "de Rodríguez Zapatero". Cualquier cosa que hiciesen Ibarretxe o Imaz era precipitada, manipuladora, aprovechada. ETA, por su parte, en línea con el PSOE advertía sobre cualquier "tentación" del PNV de tratar de hacer de "árbitro" de la situación.
Antes de seguir adelante, algunas cuestiones: la existencia de un proceso de paz que, efectivamente, en estos momentos, implica únicamente al Gobierno español y a ETA, no presupone que Juan José Ibarretxe renuncie a su papel como máxima autoridad democrática de la Comunidad Autónoma, ni que el PNV deje de ejercer su papel de fuerza hegemónica en el campo abertzale. Otra cosa es que tanto el lehendakari como su partido se decidan por un papel discreto.
Las advertencias de Joseba Permach y Rafa Díez tienen que ver, seguramente, con la "cocina" que prepare el día después de que Zapatero pida autorización a las Cortes para iniciar conversaciones con ETA, que con otra cosa. Algunos hablan de mensaje para "consumo interno". No creo. En estos momentos, un atentado de ETA podría suponer, en primer lugar, la caída del Gobierno Zapatero y la justificación del regreso de José María Aznar que justificaría una represión de intensidad inédita desde los tiempos de la dictadura. Y, en segundo lugar y sobre todo, reduciría hasta límites desconocidos la presencia de la autorreclamada izquierda abertzale que, además, se quedaría completamente aislada, con un efecto mucho más demoledor que el que produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Tras un acuerdo que lleve a la desaparición de la violencia, habrá llegado el momento de tratar de solucionar un conflicto vasco enquistado desde, por lo menos, 1839 y que, desde luego, no quedaría zanjado con el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Quien conozca un poquito el caso "quebecois" -al que se refería el batasuno Larralde- se dará cuenta que, en los últimos veinte años, cada vez que los canadienses francófonos se autoderteminaban, la soberanía se estrechaba.
El nacionalismo vasco tiene una propuesta sobre la mesa, el Plan Ibarretxe, que, en primer lugar, marca un horizonte estratégico irrenunciable, de la misma forma, en la década de 1920, el horizonte estaba situado en un "régimen de autonomía" que, finalmente, se alcanzó en 1936. El Estatuto de 1979 fue, por un lado, rechazado por lo que hoy sería Batasuna y, por otro, "cepillado" por Guerra y Abril Martorell tras ser consensuado en Euskadi, primero, acabó siendo bloqueado y desgastado en partes esenciales.
Y si la abolición foral dio lugar al conflicto vasco (y al nacionalismo, según Gemma Zabaleta y Denis Itxaso) y el régimen autonómico es consecuencia de la existencia del nacionalismo (en tesis de José Luis Barbería y Patxo Unzueta). Abundan las expresiones de la existencia de un conflicto. Y no precisamente la acción de ETA (que es una herida del franquismo mal curada).
La primera y más importante lo que Juan José Linz califica como «escasa legitimación del sistema constitucional en Euskadi». Más de la mitad de los ciudadanos de la CAV, o no aceptan o rechazan el "marco constitucional" de 1978, al que consideran una imposición. La segunda porque el Estatuto de Gernika está agotado y no parece que ni el PSOE ni el PP estén dispuestos a devolverles el verdadero contenido de 1979. En este sentido, ni la Constitución ni el viejo Estatuto de 1979 garantizan ya una normal convivencia entre vascos y entre vascos y españoles. En este punto, la propuesta de nuevo Estatuto rechazada en Madrid es, quizá, la última oportunidad para la normalización.
El lehendakari no sólo tiene, en estos momentos, el máximo respaldo institucional en la CAV, sino que es institución imprescindible para evitar que el zorro entre dentro en el gallinero mientras dentro se habla de paz. Pero, además, es el único que hasta ahora ha ofrecido una alternativa seria a un problema que data de 1798 y 1839 (como se dice en los viejos programas del PNV). Como en el caso de la huelga de Santander, al final, será él quien diga la última palabra.
