Agresión y desafío
La presentación por parte del Gobierno Vasco del Proyecto de Ley de convocatoria de una consulta popular no vinculante para recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la Paz y la normalización política ha provocado un sinfín de valoraciones políticas cuestionando la legalidad, no se sabe si de la propuesta de realización de la consulta en sí misma o de las preguntas planteadas. Incluso alguna de estas declaraciones se hicieron antes de conocer el texto del Proyecto de Ley, lo que demuestra a las claras la nula rigurosidad con que actúan algunos líderes políticos que ya han iniciado su particular y solitaria carrera electoral. Es el caso del Señor Patxi López, quién además ya ha anunciado que de ser “el elegido” entonces sí se consultará a la ciudadanía.
Del análisis de estos comentarios se puede extraer una primera conclusión: el PSOE y su sucursal en Euskadi manejan un concepto ciertamente lamentable de la ciudadanía vasca, pues no le otorgan la capacidad y la madurez suficientes para expresar su opinión sobre asuntos de vital importancia. Esto se hace especialmente grave cuando quien traslada esta sensación es precisamente alguien que aspira a liderar esta ciudadanía.
Una segunda reflexión lleva a plantearse una pregunta muy sencilla: ¿qué clase de democracia es ésta donde una de las partes, las instituciones españolas, siempre tiene la capacidad de impedir sistemáticamente a la otra, las instituciones vascas, su legítimo derecho a plantear iniciativas políticas? La respuesta es también relativamente fácil: nos encontramos ante una democracia de “baja calidad” donde el principio de igualdad de oportunidades está en continuo cuestionamiento.
En el caso que nos ocupa, se dan además una serie de circunstancias que hacen que muchísimos ciudadanos y ciudadanas de este País nos sintamos agredidos por los poderes del Estado español en nuestros derechos fundamentales si se consuma el despropósito de prohibir la celebración de una consulta popular legal, legítima y democrática en caso de que el Parlamento Vasco lo autorice. En mi opinión nos encontramos ante uno de los mayores desafíos planteados por los poderes del Estado contra las instituciones vascas que se suma al incumplimiento del Estatuto de Gernika, el portazo del Congreso de los Diputados a negociar un proyecto de nuevo estatuto político para Euskadi aprobado por el Parlamento Vasco o la persistente intención de sentar en el banquillo y condenar al lehendakari por el simple hecho de hablar con representantes de Batasuna. Cabe recordar la gravedad de esta situación, que últimamente ha desaparecido de la actualidad informativa.
Pero es que esta agresión y este desafío se hace aún más inaceptable cuando se ha demostrado cómo a la sociedad vasca se le niega lo que a catalanes y andaluces, por ejemplo, se les permite sin que exista ninguna amenaza de inconstitucionalidad. Es así de sencillo y de injusto: hacer consultas populares en Cataluña y en Andalucía es totalmente legal y posible. En Euskadi no sólo no es posible, sino que además quienes lo defendemos y apoyamos pasamos a ser objeto de todo tipo de acusaciones, insultos y descalificaciones.
Pero si algo nos mueve especialmente a la indignación es que cualquier Ayuntamiento del Estado español pueda reglamentar, organizar y realizar consultas populares entre sus ciudadanos y ciudadanas sobre asuntos de su incumbencia sin ningún problema. Basta con bucear un rato por Internet para descubrir decenas de reglamentos de participación ciudadana donde se regula esta herramienta como elemento fundamental para garantizar la democracia participativa. Y se regula porque así lo permite todo el ordenamiento jurídico existente, por ejemplo la Ley de Bases de Régimen Local.
En el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el capitulo 6, artículos 34,35, 36 y 37 del Reglamento de Participación Ciudadana, bajo el epígrafe “el derecho a la consulta popular”, establece las condiciones en que se tendría que celebrar una consulta popular en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Cabe indicar en este sentido que es siempre la mayoría absoluta del Pleno Municipal la que adopta el acuerdo, bien a propuesta de un tercio de los concejales y concejalas (nueve en el caso de Vitoria-Gasteiz), bien por la recogida del diez por ciento de firmas debidamente autentificadas de personas mayores de edad y empadronadas en el municipio o incluso a instancias del propio Alcalde.
Ésta es la realidad. Mientras la celebración de consultas populares es un hecho aceptado y regulado por el ordenamiento jurídico como elemento sustancial del derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones mas allá de la elección de representantes para las instituciones, Zapatero, López y compañía niegan la mayor, obvian esta realidad y tildan de ocurrencia y ensoñación este sano ejercicio democrático de consultar a la ciudadanía sobre asuntos de máxima trascendencia.
Por lo tanto, si el PSOE y su sucursal vasca quieren llevar esta situación hasta las últimas consecuencias, les animamos a interponer recurso de inconstitucionalidad o lo que les parezca contra todas y cada una de las ordenanzas de participación ciudadana de todos y cada uno de los ayuntamientos vascos o españoles que reglamenten la celebración de consultas populares. También les sugerimos que impugnen de paso la Ley de Bases de Régimen Local que es al fin y al cabo la que da cobertura legal a los ayuntamientos.
En definitiva, ya está bien de falsear la realidad y de intentar engañar a la ciudadanía. Consultar y dar la palabra al pueblo ni divide a la sociedad, ni es ilegal ni mucho menos antidemocrático. Otorgar la capacidad de decidir a las personas es simple y llanamente mejorar sustancialmente la salud del sistema democrático y confiar en ellas. Cualquier otra interpretación es poner en duda la madurez de la sociedad y demostrar miedo ante su respuesta.
Que nadie se equivoque. Ante la agresión y el desafío será la propia ciudadanía quien tarde o temprano ponga a cada uno en su sitio.
